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El debate sobre propiedad intelectual apunta a quien hace el negocio - Mesa redonda en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Defensores y críticos de los intentos legales para restringir el tráfico por Internet de archivos con derechos de autor, coincidieron en que el problema debe abordarse reflexionando sobre quién hace el dinero con ello.



El tema fue tratado en una mesa redonda en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reunió a profesionales y académicos. La secretaria de la Fundación Vía Libre y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Beatriz Busaniche, sostuvo que “estos temas saltan a la agenda movidos por la avidez de noticias que hay en la prensa, como con el caso Megaupload», un sitio para compartir libremente archivos cerrado por las autoridades.

«Los medios se concentraron en la fortuna del dueño del sitio o en el operativo policial cinematográfico que se hizo en su mansión; o como lo que estamos siguiendo de cerca ahora con los casos de Taringa (comparte toda clase de contenidos) y Cuevana (especializado en películas)”, en la Argentina. Propuso, en cambio, «pensar para quiénes están hechas estas regulaciones, quiénes se benefician, cuál es el objetivo final y qué impacto tienen en nuestras prácticas cotidianas».

«Mucha gente cree que estos debates son nuevos, pero cuando uno mira la legislación que controla el tema, ve que a mediados de los 90 se aprobaron los tratados de Internet de propiedad intelectual”, destacó.

La docente recordó que la ley argentina de propiedad intelectual es de 1933 y ha sido modificada en reiteradas ocasiones.

«Lo que tenemos que pensar es en la coyuntura tecnológica y las prácticas sociales en las que nos estamos moviendo, y analizar si esta ley de 1933 y los convenios internacionales que la Argentina suscribió en su momento, se adaptan o no a los usos habituales de los internautas”.

Busaniche insistió proponer la siguiente reflexión: «¿Sobre qué hablamos cuando pensamos en derechos de autor?, (pues) el concepto de autor es una idea muy individualista, cuando en realidad el conocimiento es una construcción estrictamente colectiva”, argumentó.

“Siempre se pone en la mesa a autores -por un lado- y consumidores -por el otro-, o autores por un lado y ciudadanos o inter-nautas del otro, incluyendo en esa masa de gente a los mismos autores que, a la vez, son consumidores de esas construcciones culturales, porque si no lo fueran, no podrían ser autores”, finalizó.

Guillermo Ocampo, director general de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), aclaró que la ley reconoce el derecho de propiedad intelectual con un límite temporal que, en general, se extiende a 70 años tras la muerte del autor.

“Cuando nos encontramos con un sistema (Internet) que permite un acceso ilimitado a la cultura, es natural que se plantee el debate sobre cómo proteger los derechos de autor, y ahí viene -entonces- el choque de intereses cuando se le pone como límite a los usuarios los derechos del autor”, señaló el titular de SADAIC.

Ocampo aseveró que “atrás del derecho de los consumidores hay grandes poderes económicos».
«Un ejemplo claro es el del caso Megaupload. Quienes estaban detrás de ese negocio no lo hacían por caridad ni idealismo, había ganancias millonarias”, aseveró.

En este sentido, sugirió “un debate sobre la situación de quienes lucran con el tráfico ilegal de contenidos protegidos por los derechos de autor y no están pagando nada a cambio”.

“Las empresas prestadoras de Internet están protegidas legalmente, aislándolas de las prácticas que realicen sus usuarios, que en gran cantidad descargan contenidos protegidos de manera ilegal», aseveró.

Propuso entonces, buscar «la manera de evitar el poderoso lobby de estas corporaciones y lograr que pague -de alguna manera- un resarcimiento a los autores cuyos materiales son descargados de esos servidores”, finalizó Ocampo.

Además, en la mesa moderada por el decano de la facultad, Hugo Trinchero, participaron la docente de bibliotecología, Laura Siberleib, y la docente de Derecho Internacional Privado, Mónica Borreto, que aclararon aspectos técnicos del debate. (Télam).

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